Rodrigo Ogalde Cofré

El concejal Maximiliano Miranda Hernández (PC) expresó su postura respecto a la posibilidad de que las botillerías puedan reabrir en este periodo de cuarentena y destacó que las autoridades municipales no tienen facultades para autorizar esa acción.

"El ordenamiento jurídico no ha dotado a las autoridades municipales de competencias que les permitan ordenar la apertura o cierre de centros comerciales", aseguró.

Y aunque reconoció el efecto de la pandemia en los emprendimientos, enfatizó que "lo más importante hoy, lo imperativo, es velar con celo por la alimentación, nutrición y salud de nuestra población, que está evidentemente en un riesgo permanente e indefinido, el cual no se ha superado ni existe ningún parámetro que permita avizorar el fin de esta cruel pandemia mundial".

Consultado por este tema que será debatido hoy en el Concejo Municipal de San Antonio, dijo que "estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial y debemos tener en consideración que estamos frente a un 'enemigo' invisible y muy poderoso al cual la comunidad científica aún no le encuentra cura".

Añadió que "de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud, una de cada 10 personas en Chile, es decir, el 10%, tiene un consumo de alcohol de riesgo, siendo adolescentes y adultos jóvenes (entre 15 y 24 años) quienes más beben. Es sabida la cantidad de accidentes con causa de muerte por manejo en estado de ebriedad, femicidios y todo lo que envuelve la violencia intrafamiliar (...). La presencia del consumo de alcohol es un factor de riesgo que no colabora al combate de la pandemia que nuestro país atraviesa".

Miranda resaltó que "el alcohol no es un producto de primera necesidad. He estado recorriendo varias ollas comunes y lo planteado por el voluntariado es la falta de elementos de consumo que dicen relación con la alimentación de nuestra población". Y recordó que la pandemia ha provocado graves daños a los ingresos familiares y aumento de la cesantía.

Una de las primeras medidas adoptadas por la Dirección del hospital Claudio Vicuña para evitar la propagación del coronavirus fue la restricción y posterior suspensión total de las visitas a pacientes hospitalizados.

Desde inicios de abril se permite sólo el ingreso de los trabajadores al establecimiento, ya que con anterioridad también fueron limitadas las actividades docentes y de voluntariado al interior del recinto.

En este nuevo contexto, el Claudio Vicuña sigue entregando atención ininterrumpida en las áreas de urgencia y también en los servicios de hospitalizados, por lo cual justamente son los familiares de estos pacientes los que ya no pueden concurrir al recinto para enterarse de la evolución de sus seres queridos.

En un trabajo coordinado entre Gestión del Cuidado de Enfermería y la Unidad de Gestión del Usuario, se implementó la entrega de información telefónica diaria por parte del equipo clínico a un familiar o tutor por cada usuario internado.

Carolina Lehner, jefa de la repartición, dijo que la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (Oirs) es la encargada de facilitar los números de contacto de cada paciente para que los profesionales puedan comunicar antecedentes sobre su evolución.

"En estos momentos la prioridad para la entrega de información son los usuarios internados por covid -19, pero en el caso de todos, la Oirs también llama a los familiares para hacerles saber cualquier requerimiento de ropa o artículos de aseo que puedan presentar", dijo la encargada de la unidad.

El Obispado de Melipilla está trabajando en la contención emocional de las familias que son parte de las comunidades de cada uno de los seis colegios que tiene en la diócesis y que dependen de la Vicaría para la Educación.

Si bien cuatro de los seis colegios son gratuitos, con la pandemia se pudo identificar que más del 50 por ciento de las familias tienen una gran brecha digital al no contar con equipos tecnológicos ni internet que les permitan acceder de manera adecuada a los contenidos en línea.

Roberto Sepúlveda, coordinador del área de Formación y Pastoral, indicó que han ajustado sus presupuestos para ayudar con tablets o bolsas de internet a los miembros de sus comunidades que lo requieran para favorecer la educación a distancia y potenciar el ámbito académico.

En la provincia, los establecimientos que dependen del Obispado son la Eisa, Instituto del Puerto, Papa Juan Pablo Segundo y Colegio Santo Domingo.

A ello se suma uno de los aspectos principales de su labor y que dice relación con "la contención emocional de las familias y particularmente de los estudiantes", explica Sepúlveda.

"Todos los colegios, por iniciativa propia, fueron implementando sistemas de trabajo que se han canalizado a través de los profesores jefe", lo que les permite abordar tanto el presente de la emergencia sanitaria como el preparar la acogida con contención emocional y la reconstitución del grupo curso una vez que puedan retomar las clases presenciales, indicaron desde la institución.

4 colegios de la provincia dependen del Obispado de Melipilla.