La familia de Victoria Farías Bustos, la pequeña de 9 años que necesitaba reunir la suma de 300 millones de pesos para costear un marcapasos diafragmático, operación y posterior tratamiento luego de sufrir un accidente automovilístico que la dejó tetrapléjica y conectada a ventilación mecánica, agradeció "todo el apoyo que tuvimos de parte de todos los sanantoninos, muchos anónimos, también familiares y amigos que nos donaron y aportaron para la causa de mi sobrina", señaló Susan Farías Sarmiento.

La semana pasada la familia dio un paso importante en su lucha luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo en contra de la Isapre Nueva MasVida, que la obliga a costear la totalidad de la compra del marcapasos, el procedimiento y el tratamiento para Victoria Farías.

"Estamos realmente todos muy contentos por esta situación que está viviendo hoy mi sobrina. Hay que dejar claro, eso sí, que esta fue una lucha de mi hermano, Carlos Farías, y de su esposa, Isabel Bustos, para conseguir que la Isapre se hiciera cargo de los gastos que implica el tratamiento completo de mi sobrina", agregó Susan Farías.

"Agradecemos infinitamente el gran apoyo tanto anímico, a través de llamados, escritos, aportes, y a todos quienes estuvieron pendientes. Estamos muy agradecidos y esperamos que esto marque un precedente para todas las familias que puedan estar viviendo una situación similar, que puedan conseguir lo que necesitan; muchas veces este tipo de gastos son inalcanzables, solo decirles que deben luchar siempre, hasta el final", manifestó la tía de Victoria.

José Salgado Núñez

Como "perjudicial" calificaron los comerciantes y las Pymes de San Antonio la restricción a la venta de productos no esenciales a través del reparto.

La nueva normativa, que comenzó a regir ayer, había sido anunciada la semana pasada y permite solo la comercialización de "aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia como alimentos, medicamentos y artículos de aseo e higiene personal".

Felipe Arriagada, dueño de la botillería "Felipemón" de Llolleo, opinó que la restricción "está mal, puesto que al final nos afecta más a nosotros, las pequeñas empresas, que a los grandes negocios como los supermercados".

"A mi juicio, es muy compleja esta situación, porque uno debe seguir pagando patentes y compromisos, y no recibimos ayuda económica de las autoridades. Lo correcto sería que la cancha sea para todos igual, y que también tomaran en consideración a los pequeños emprendedores", añadió.

Nieves Cárdenas, trabajadora de la verdulería Ruitorr, comentó que "estamos bastante complicados, ya que cómo vas a limitar a la gente a que venda solo una pura línea de cosas. Es imposible prácticamente. Yo creo que no es lo correcto".

"Nosotros podemos funcionar porque somos verdulería, pero qué va pasar con la dueña de una tienda de electrodomésticos o de muebles. Lo más seguro es que quiebre y se quede sin trabajo. Entonces, más personas quedan desempleadas", enfatizó.

Fabián Gómez Sepúlveda, dueño del local "El Económico", señaló que "esta medida ha generado más dudas que restricciones. Yo vendo útiles escolares, y si bien no están considerado como un artículo de primera necesidad, hay niños que los necesitan para sus clases".

El comerciante llolleíno agregó que "aquí hace falta que las autoridades vean un poco más la realidad de las pequeñas y medianas empresas al momento de tomar estas decisiones. En mi caso, gracias a Dios nos hemos podido mantener, pero hay otros negocios que no han podido producto de estas normativas.

María Ester Silva, propietaria del local "La Gatita", dedicado a la venta de artículos de mascotería en Llolleo, manifestó que "por un lado está bien la normativa, pero por otro lado está mal porque al final solo nos perjudica a nosotros, los pequeños locatarios".

11 casos nuevos de covid-19 fueron comunicados ayer en el informe de la Seremi de Salud.