Leo Riquelme
Las autoridades de distintos sectores y ámbitos comenzaron ayer a discutir la propuesta de "Mínimos Comunes" que entregó el Gobierno a solicitud de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, para enfrentar los efectos de la pandemia.
La Moneda planteó extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) desde el 80% actual al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).
Según la minuta, significaría pasar de 13 millones a 14,5 millones de beneficiarios con cien mil pesos por cada miembro de la familia sin más exigencias que estar dentro del 80% más vulnerable del RSH. Este instrumento fue aprobado en marzo por el Congreso y considera pagos por abril, mayo y junio.
El documento plantea US$1.000 millones en subsidios para la Pymes para financiar su funcionamiento, cancelación de sueldos y servicios. Además, ofrece postergar el pago del IVA entre mayo y agosto si sufrieron una caída de 20% en sus ventas, entre otras medidas tributarias y relacionadas con patentes a concesionarias en parques nacionales y mineras.
Para financiar el paquete, el Gobierno dijo que sería necesario solicitarle al poder legislativo autorización para aumentar la deuda pública.
La senadora Provoste (DC) valoró el avance y recordó que se trata de un inicio para "resolver temas centrados en las personas y sus necesidades. No es un 'acuerdo nacional' para incorporar todos los temas del debate político. Se trata de concentrar los esfuerzos en la emergencia social que viven miles de chilenos".
Provoste y otros parlamentarios que se han mostrado críticos ante esta discusión, como Giorgio Jackson y Camila Vallejo, coincidieron en que el objetivo es obtener un Renta Básica Universal que lleve tranquilidad a las familias en la crisis.
En TVN, el presidente de la Cámara Diego Paulsen, sostuvo que con lo ofrecido, "no estamos tan lejos de la Renta Básica Universal", porque en el RSH puede incorporarse cualquier persona y al otorgarse al 100% no incluirá requisitos.
