INE denunció agresión a encuestadora del precenso y anuncia acciones legales
La funcionaria fue víctima de un intento de asalto en la comuna de San Antonio, hecho que se replicó en otros puntos de la región.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) denunció una serie de agresiones en contra de los trabajadores que están realizando el Precenso de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en la región de Valparaíso.
Estos actos se produjeron en Valparaíso y San Antonio, donde una enumeradora fue agredida cuando le intentaron robar sus objetos personales y un dispositivo móvil con que recolectan la información denominado DMC, de acuerdo a la repartición.
A través de un comunicado, el INE expresó su "más enérgica condena a los actos de agresión (…) que afectaron a trabajadores que únicamente cumplían con las tareas asignadas".
Se agregó que "el INE tomará todas las medidas que sean necesarias y presentará las acciones legales correspondientes, para evitar que se generalicen situaciones de estas características, y que afectan a colaboradores y colaboradoras que diariamente cumplen labores de recolección de información útil para toda la ciudadanía y necesaria para la elaboración de políticas públicas".
Recalcaron que "el INE es el organismo oficial del Estado en la recolección de datos, los cuales son capturados tanto en viviendas, como en instituciones y empresas, aportando información valiosa para la ciudadanía y los distintos sectores del país".
El intento de asalto en San Antonio se sumó a los ataques que vivieron otros funcionarios en la comuna de Valparaíso, donde un encuestador fue encañonado con una pistola para quitarse el dispositivo DMC y otro fue agredido con golpes en la cabeza y las manos.
A raíz de esta situaciones, la delegada presidencial regional, Sofía González, advirtió que generarán "estrategias de carácter preventivo desde una perspectiva de Estado que nos permita copar aquellos espacios donde se generan ciertas situaciones de inseguridad y que finalmente den certezas, tanto a los funcionarios como a la ciudadanía, respecto del funcionamiento de la institucionalidad".
"También hemos definido adoptar acciones legales contra estas personas. Queremos ser muy claros en que no vamos a tolerar que este tipo de situaciones sucedan, estamos hablando de funcionarios de Estado que están haciendo una tarea para el bienestar de la ciudadanía", agregó la autoridad.
Entidad estatal
Por su parte, el encargado de la actualización precensal, David Araya, planteó que en las agresiones "hay un tinte político presente".
"Creo que ahí hay una confusión de la gente, nosotros somos una institución del Estado, nosotros no dependemos del Gobierno de turno, somos del Estado, lo que quiere decir que estamos constantemente realizando este trabajo, independiente del Gobierno de turno que nos encontremos", manifestó.
Estima que esto "se debe en parte a la desinformación. Hoy en día nosotros pasamos por la televisión, tenemos cuñas en radio, salimos en la prensa local, nos acercamos a las organizaciones sociales, vamos al territorio, pero siempre hay alguien que no se informa, nos ven como una amenaza, cuando lo que nosotros realizamos es levantar la estadística que nuestro país necesita justamente para generar las políticas públicas para que las personas tengan una mejor calidad de vida".
Asimismo, hizo notar que "siempre andamos debidamente identificados, con nuestras chaquetillas, nuestras credenciales, que hoy en día tienen un código QR, que puede ser escaneado, o sea, la información está y yo creo que ahí es el deber ya de la ciudadanía también de informarse".
Esas acciones, además de ser reprochables, son ilegales. Responder al precenso y al Censo que se hará el próximo año es una obligación de todos quienes estén en el territorio nacional.
De acuerdo al Reglamento del Censo de Población y Vivienda publicado en el Diario Oficial, "todos los habitantes de la República, sean personas naturales o jurídicas chilenas, residentes o transeúntes, estarán obligados a proporcionar los datos que les sean requeridos por los organismos censales".
"La persona que, con violencia o amenazas, impida a los organismos censales, o quienes los representen, ejercer sus funciones, les perturbe en el ejercicio de estas, o ejecute actos que importen resistencia o desobediencia, será denunciada al Ministerio Público, Carabineros de Chile o PDI, y sancionada", dice el reglamento.
Quienes se nieguen a entregar datos estadísticos o que los falseen recibirán una multa, que, de acuerdo a la ley, es "no inferior a un quinto ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago".
Lo anterior equivale a un monto que va desde $11.764 hasta los $235.000.
El precenso se está desarrollando en 72 comunas del país, incluyendo a San Antonio.