Municipio debe pagar $1.000 millones en cuatro casos de despidos injustificados
La Corte Suprema acogió la demanda de los honorarios desvinculados en 2021, pero la municipalidad, debido al déficit financiero enfrenta problemas para cancelar las indemnizaciones.
Al déficit financiero que asciende a unos 2 mil 700 millones de pesos, a los dineros perdidos en la salud que bordean los 469 millones, a los montos de convenios no ejecutados en la atención primaria y educación, se suma otro problema económico: el pago de indemnizaciones.
Solo en cuatro casos la Municipalidad de San Antonio deberá pagar cerca de 1.000 millones, ya que los exhonorarios llegaron hasta la Corte Suprema, que el año pasado falló a favor de sus demandas.
Estos cuatro extrabajadores estaban en la "lista negra" que circuló en agosto de 2021 con los nombres de 19 trabajadores de distintas áreas del municipio y que fueron desvinculados el 30 de septiembre de ese año por la administración de Constanza Lizana.
El falló de la justicia se emitió el año pasado, pero como planteó el concejal Manuel Meza, en la última sesión del concejo el pago de las indemnizaciones aún no se ejecuta.
"Algunos de estos cuatro casos se contactaron conmigo para preguntar cómo abordará el municipio este tema, día a día aumentan las multas e intereses, posiblemente la justicia nuevamente solicitará el embargo contra el municipio", planteó en la última sesión de la corporación.
El edil recordó que "en el periodo anterior, debido a las desvinculaciones que hubo en un minuto, y no los autodespidos, sino que las desvinculaciones, existen casos que en su conjunto llegaron hasta la última instancia de apelación, la Corte Suprema".
Como determinó el edil de la DC se deben pagar las indemnizaciones, el seguro de cesantía (AFC) y cotizaciones previsionales (AFP). "La sentencia obligó al municipio a cumplir con esos pagos, que incluyen intereses y multas, el municipio debía ser embargado".
Según el concejal el monto de estos cuatro casos suma más de 1.000 millones de pesos.
Municipio
Alejandra Soto, directora del área jurídica de la Municipalidad de San Antonio, reconoció esta deuda del municipio, y detalló que "atendido que se acogieron demandas de prestadores de servicio, la municipalidad está obligada a pagar cotizaciones, seguridad social, que tiene que ver con seguro de cesantía, salud y previsional".
El problema que enfrenta el municipio es cómo cancelar, debido al estado financiero que enfrenta. "Se está viendo cómo abordar, porque son causas que en algunos casos, superan los 200 o 300 millones. Comprenderá que la municipalidad no tiene los recursos para abordar de una sola vez. Se está tratando de ver cómo se solventan estos pagos y los venideros", respondió la abogada a la consulta del edil Manuel Meza en el concejo .
Agregó que "los pagos no se hacen al trabajador directamente, sino que las instituciones de seguridad social cobran al municipio".
La abogada aclaró que la ley Orgánica de Municipalidades establece que "a los municipios no se le pueden embargar los bienes ni las cuentas corrientes, existen otras formas de cumplir la normativa, que es dictando los respectivos decretos de pago. Se pueden dictar decretos de pago, porque no hay, al menos 500 millones de pesos para pagar algunas de estas causas".
Debido a esto "se está viendo con las entidades para buscar fórmulas de pago de estas deudas que tiene el municipio con estos exprestadores de servicios a quienes se les reconoció la naturaleza de sus servicios", cerró la directora.
"Lo complicado es que producto de desvinculaciones se superan los 1.000 millones de pesos en indemnizaciones, una cifra no menor, entendiendo que tenemos un déficit municipal . ¿Cómo damos respuesta como institución?", preguntó el concejal Manuel Meza sobre este caso.
19 trabajadores estaba en un lista que circuló por redes sociales. 4 despedidos ganaron la demanda.