Iglesia declara a sacerdote culpable de abusos sexuales contra menor
Investigación eclesiástica llegó a la "certeza moral" de la culpabilidad de Juan Carlos Pizarro y lo obligó a dejar de ejercer como cura en la Diócesis de Melipilla.
Fue una declaración que pasó casi desapercibida en la página web de la Iglesia Católica de Chile, pero que se estaba esperando hace días. Se trata del caso del sacerdote de la Diócesis de Melipilla Juan Carlos Pizarro, quien fue apartado de sus funciones sacerdotales tras ser hallado culpable de abusos sexuales contra un menor de edad entre 2002 y 2004.
Según la Iglesia, "se llegó a la certeza moral de la culpabilidad del mencionado sacerdote".
Las indagaciones que permitieron llegar a esta conclusión fueron duramente cuestionadas por el sacerdote que recibió la denuncia. No pone en duda los hechos, pero sí la forma en que se revelaron y la resolución final.
El obispo Cristian Contreras Villarroel habló primero mediante el mencionado comunicado asegurando que había tomado las acciones necesarias y que el caso estaba penalmente prescrito.
Luego, en una acción sin precedente, el sacerdote de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talagante, Carlos Cabezas Jiménez, contradijo a su superior, el obispo, y lo acusó de faltar a los protocolos de la Iglesia, poca rigurosidad en lo informado por el Obispado y una excesiva tardanza en la investigación eclesiástica.
Cabezas fue quien recibió la denuncia de la víctima.
Iglesia
Según el escrito firmado por el obispo Contreras, "el 31 de julio de 2019 fui informado (…) de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Juan Carlos Pizarro. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 a 2004. En esa época la persona violentada era menor de 18 años de edad".
Aún no está claro en qué lugar ocurrieron los hechos. Se tiene registro público de Pizarro, un sanantonino de 50 años, como párroco de las localidades de Bollenar, Mallarauco y Chocalán, y también en la comuna de Melipilla, entre 2014 y el momento de ser excluido de sus funciones, de acuerdo a los datos recabados por Diario El Líder.
Después de enterado de la denuncia, Contreras ordenó a una abogada iniciar la "investigación previa" que concluyó el 30 de agosto de 2019, de acuerdo a su relato. Las actas y antecedentes se enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad de la Iglesia que revisa "las materias de delitos contra el sexto mandamiento cometido en perjuicio de menores de edad".
El 3 de enero de 2020, esta ordenó iniciar un "proceso penal administrativo". Comenzó el 13 de febrero de 2020, "después de ubicar a canonistas competentes, diligentes y disponibles para llevar adelante el proceso".
Debido a la pandemia y "la necesidad de entrevistar, cara a cara, a testigos cualificados", se dio por concluido el 19 de octubre de 2020. Luego, se envió la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe con el voto del obispo de Melipilla, "aprobando la conclusión del juez y de los asesores canonistas, es decir, 'se llegó a la certeza moral de la culpabilidad del mencionado sacerdote' y que la pena era la dimisión del estado clerical", precisa el comunicado.
La pena fue impuesta por el Papa Francisco el 5 de julio de 2021. En el comunicado Contreras precisó que "la dispensa no es una gracia que exculpa al sacerdote. Es un mandato. No ejercerá nunca más el ministerio sacerdotal".
El obispo de Melipilla agrega que informará a la Fiscalía "buscando salvaguardar el bien de las comunidades diocesanas y que el nombre de la persona vulnerada se mantenga en absoluta reserva".
De acuerdo a lo recabado por Diario El Líder, el Ministerio Público ya están indagando el caso.