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Una tensa discusión del articulado del proyecto que financia la Pensión Garantizada Universal (PGU) se vivió ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara, dejando atrás el buen ambiente que se había generado al aprobarse en general el proyecto. Esto a partir de las indicaciones que presentaron diputados de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad y la falta de acuerdo con el Gobierno sobre ellas

En medio de esa votación en particular -que culminó con el despacho a Sala del proyecto-, se aprobó la que crea un impuesto anual al patrimonio de personas naturales cuyos patrimonios superar los cinco millones de dólares, también conocido como un impuesto a los súper ricos a partir del proyecto que avanza en paralelo presentado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. La indicación presentada por Boris Barrera (PC), Marcelo Díaz (Movimiento Unir), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Cosme Mellado (Radical) fue declarada admisible por el presidente de la comisión, diputado Pablo Lorenzini (exDC) y luego respaldado por toda la oposición presente y rechazada por el oficialismo y luego de igual forma aprobada en su contenido.

Inmediatamente resuelto eso, el Gobierno, a través del ministro Juan José Ossa, hizo reserva constitucionalidad avisando que si esto avanza terminará en el Tribunal Constitucional. El secretario de Estado aseguró que este tipo de indicaciones hacen que haya sido "una buena idea separar ambos proyectos, porque estamos viendo una forma de trancar el aumento de pensión para los jubilados".

Ossa agregó que "vamos a ir al Tribunal Constitucional y lo que pasará es que se va a empezar a pagar la PGU y esperamos que no se retrase por este requerimiento en el TC".

A eso se sumó que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo también reserva de constitucionalidad al aprobarse otra indicación -de los mismos autores- para adelantar la vigencia del impuesto a los bienes de capital, de seis a tres meses.

La tensión entre ambos sectores se vivió desde el principio de la sesión cuando desde la oposición acusaron que a pesar de la voluntad de diálogo que expresó el Gobierno, a su juicio, eso no se vio reflejado al no respaldar ninguna de las indicaciones mientras que ellos estuvieron disponibles para aprobar la PGU. Mientras que desde el oficialismo se les interpeló por querer hacer una reforma tributaria a través de este proyecto y querer "torpedear" el aumento de pensiones.

Durante la sesión, el ministro de Hacienda también dejó clara cuál es la postura del Ejecutivo respecto de otras enmiendas que introdujeron los parlamentarios de la comisión al proyecto de financiamiento.

Así, en relación a la indicación para gravar las ganancias de capital en instrumentos bursátiles con un 15%, y no con el 10% como plantea La Moneda, Cerda dijo que "nosotros con 10% creemos que es suficiente, sobre todo porque es un impuesto que no existe y yo creo que hay que ir calibrando los impactos. Eso es lo primero". "Lo segundo es que este impuesto recauda, de acuerdo al informe financiero, en régimen cerca de $86 mil millones, es prácticamente del 10% de lo que está recaudando en total el proyecto de exenciones".