Concejales contraatacan con reclamo de ilegalidad por despidos en el municipio
Los ediles buscan reintegrar a los apoyos administrativos desvinculados.
Seis de los siete concejales de San Antonio se unieron para exigir la reintegración a sus funciones de los trabajadores desvinculados que cumplían la función de apoyo administrativo. A través de un reclamo de ilegalidad buscan concretar la acción.
El miércoles 30 de noviembre 14 trabajadores municipales a contrata y honorarios fueron notificados de su desvinculación y entre ellos estaban los "secretarios" de todos los concejales, a excepción del asesor de Maximiliano Miranda, quien lleva 10 años en el puesto.
Las concejalas Paola Améstica, Lorena Zamorano y Valentina Riquelme presentaron la semana pasada el documento y a la acción se sumaron Maximiliano Miranda, Manuel Meza y José Ibarra. El escrito busca anular el decreto alcaldicio 5740, ya que consideran que "hace una interpretación tendenciosa del dictamen 5.500 de enero de 2016 de la Contraloría General de la República, en cuanto el dictamen no prohíbe que cada concejal, según sea determinado por cada municipio, cuente con su apoyo administrativo, contratado bajo la modalidad a contrata".
Según la alcaldía, la medida busca resguardar y hacer uso eficiente de los recursos públicos y anunció que "se proveerá de un secretario para el concejo municipal como cuerpo colegiado".
Como explicó Valentina Riquelme , en el decreto de las desvinculaciones se argumenta que "nuestros apoyos administrativos estarían transgrediendo la ley de bases generales de administración del Estado, porque acusa que no resguardaron la imparcialidad y objetividad. Más que enunciarlo, lo debería demostrar, y hasta la fecha no lo ha hecho".
La edil aseveró que "creemos que esta es una acción dictatorial y arbitraria de la alcaldesa, la tomó sin acuerdo del concejo municipal, está en contra de la ley y también del reglamento interno del concejo municipal".
Riquelme recordó que desde el retorno de la democracia, en tiempos del alcalde Edilio Soto, "los concejales hemos contado con un apoyo, que es un asesor, quien es fundamental para el contacto con la comunidad. La alcaldesa está vulnerando acuerdos de concejos pasados".
Lorena Zamorano agregó que "se vulneraron los derechos de los apoyo administrativos, de las mujeres, cuando aquí se habla mucho de los derechos, especialmente de las mujeres".
Sobre las vulneraciones, Paola Améstica aportó que "la municipalidad tuvo un mal procedimiento para despedir a los apoyos administrativos. Mi secretaria fue desvinculada a las siete y media de la tarde en su casa. La notificación la recibió su hijo de 10 años. Al niño le pasaron una carta, andan trabajando como los bandidos. Eso no puede ser, cero conciencia de lo que se predica pero no se practica en el municipio de San Antonio", lamentó la concejala.
Bloqueo
Manuel Meza denunció que esta acción busca "bloquear el trabajo que hacemos, paralizan nuestra función fiscalizadora, ya que los apoyos administrativos tienen acceso al gestor documental y a otras plataformas donde podemos acceder a documentos. Ahora no podremos tener acceso a los documentos que nos permiten realizar nuestra labor. Esto es un claro bloqueo".
José Ibarra recordó que en el caso de la filtración de los chat del grupo de confianza de la alcaldesa "se hablaba de bloquear el trabajo de los concejales y ahora lo quieren hacer. No lo van a lograr".
Maximiliano Miranda calificó como un "deber moral" apoyar la iniciativa de sus colegas, aunque su apoyo administrativo, por tener antigüedad de 10 años, se rige por la "ley de la legítima confianza", y cuestionó el argumento económico de la alcaldía para justificar los despidos. "El monto de los sueldos de nuestros apoyos administrativos es un costo marginal dentro del presupuesto municipal. En la alcaldía tienen tremendos sueldos que no son comparables con los de nuestros apoyos administrativos (…) se necesitaba un mínimo de respeto de la alcaldesa con este cuerpo de concejales en el sentido de primero conversar la situación con nosotros".
Rechazo
Sobre la alternativa que propone la alcaldía de un funcionario designado por la administración para trabajar con los ediles, adelantaron que "rechazamos esta moción, porque la ley indica que los apoyos tienen que ser apropiados para el desempeño de la labor de las concejalías, y uno de estos es la fiscalización. Claramente a quien designe la alcaldesa no será de nuestra confianza para fiscalizarla a ella", justificó Valentina Riquelme.
"Van a saber a priori las acciones que estamos ejecutando en nuestro rol fiscalizador. Serán dos funcionarios de su confianza (alcaldesa) no de la nuestra. Por eso los apoyos administrativos los colocamos nosotros, por la confidencialidad de nuestros actos que debemos ejecutar en nuestro rol", agregó Miranda.
La alcaldesa tiene 15 días hábiles para responder al reclamo de ilegalidad. "En caso de que sea rechazado, el siguiente paso es judicializarlo. Estamos estudiando acciones con los otros concejales, contar con el apoyo de un abogado y llevarlo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque esta es una acción arbitraria de la alcaldesa", adelantó Valentina Riquelme.